Hoy les presentamos un análisis de actualidad realizado por el Dr. Edmundo Jarquín en su programa radial "El Pulso de la Semana", en dicho análisis crítico el Dr. Jarquín aborda los temas más recientes de la actividad política nacional, en especial aquellos elementos que permiten definir que en Nicaragua se ha instaurado una verdadera Dictadura Institucional que cercena los derechos de quienes se le oponen, haciendo uso de instituciones bajo su control como El Poder Judicial y el Consejo Supremo Electoral. La ilustración es de nuestro amigo, Tacho Reyes acerca de quien puedes encontrar información en el blog que tengo exclusivamente dedicado a las actividades del Movimiento Renovador Sandinista.EL PULSO DE LA SEMANA, CON MUNDO JARQUÌN
Programa de opinión del fin de semana en Radio Corporación (6.45 a.m y 6 p.m)
12 de julio de 2008
Dictadura institucional
Cuando al poco andar del gobierno del Presidente Ortega, allá por abril del 2007, dije que estaba en marcha la instauración de una dictadura institucional, algunos me dijeron que ese calificativo era un poco exagerado.
No se trata, desde luego, de una dictadura militar, como las de antaño. Afortunadamente, Ortega carece de fuerzas armadas y policiales para usarlas a su antojo.
Pero cuando el poder electoral se usa para castigar, sacar a partidos políticos de la competencia, y negar a los nicaragüenses el derecho de elegir, ¿qué diferencia hay con la dictadura de Somoza, y las que antes poblaban el paisaje político latinoamericano?
Cuando el poder judicial es utilizado para chantajear, amedrentar, reprimir y castigar, ¿qué diferencia hay con la dictadura de Somoza? Todavía hay quienes nos acordamos de los entonces llamados jueces verdugos, o la persecución política contra Pedro Joaquín Chamorro que el Secretario del partido de Somoza ejerció utilizando al poder judicial.
Cuando la Dirección de Ingresos se utiliza para investigar a los opositores, presionar a empresas e intimidar a las personas, ¿qué diferencia hay con otras dictaduras?
Cuando la Contraloría General de la República, y la Fiscalía, se utilizan para perseguir e intimidar, ¿es o no dictadura?
Los hechos, lamentablemente, me han dado la razón. Quisiéramos haber estado equivocados, por el bien de Nicaragua.
No otra cosa que persecución política se puede llamar a la acusación penal contra 39 personas, por el caso de los Certificados Negociables de Inversión (CENIS).
Sobre el caso, siempre hemos dicho dos cosas: primero, que cualquier investigación y el establecimiento de responsabilidades penales, si las hubiera, debería cubrir tanto a los Cenis como a las fraudulentas quiebras de bancos que dieron origen a la emisión de esa deuda pública; segundo, que debería ser una investigación técnica, independiente y por tanto despolitizada.
Ninguna de las dos cosas ha ocurrido. En las quiebras bancarias que son el origen de la deuda pública que comentamos, estuvieron involucrados altos funcionarios del actual gobierno y del gobierno del ex presidente Alemán, socio de Ortega. Se entiende, entonces, aunque no se justifique, la renuencia a investigar esas quiebras fraudulentas.
Y la investigación realizada por la Fiscalía está claramente politizada. Los acusados han sido escogidos con pinzas, resultando muy obvio el interés político persecutorio en los casos de Eduardo Montealegre, candidato a alcalde de Managua, y Jaime Chamorro, Director de La Prensa.
Siempre hemos dicho que si hubo irregularidades en la emisión de los Cenis, deben ser claramente establecidas; y si hubo daño patrimonial al Estado, resarcido. Pero eso debe ser objeto de una investigación técnica, profesional, para lo cual debería pensarse en establecer una Comisión de personas profesionales y políticamente independientes, y no dejar el caso en manos de la reedición Orteguista de los jueces verdugos del Somocismo.
El Presidente Ortega ha ofrecido a quienes nos oponemos a su autoritarismo el acero de la guerra.
No otra cosa puede esperarse de quien tiene, en el más puro fascismo, una concepción bélica de la vida y de la política.
Para un demócrata, que haya ideas y posiciones discrepantes, resulta natural, y la tolerancia frente a la discrepancia, la consecuencia lógica. Ortega en cambio no acepta la discrepancia, ni grande, ni chiquita.
Para un demócrata quien piensa diferente, o se opone, es un adversario, para Ortega, es un enemigo. Los adversarios se toleran, los enemigos se destruyen.
Es cierto que Ortega, citando a Darío, también ofreció el olivo de la paz. Pero a continuación empezó a definir su concepto de la reconciliación, la cual se redujo a que reconciliación es estar de acuerdo con él en todo.
Es decir, Ortega, como los monarcas absolutos que empezaron a desaparecer hace más de dos siglos, quiere súbditos, no ciudadanos. En esto, como en muchas otras cosas, Ortega se equivoca de diversas maneras. Primero, Nicaragua no es una monarquía, y menos absoluta; segundo, los nicaragüenses somos ciudadanos, y no sus súbditos. Tercero, miedo no le tenemos.
No se trata, desde luego, de una dictadura militar, como las de antaño. Afortunadamente, Ortega carece de fuerzas armadas y policiales para usarlas a su antojo.
Pero cuando el poder electoral se usa para castigar, sacar a partidos políticos de la competencia, y negar a los nicaragüenses el derecho de elegir, ¿qué diferencia hay con la dictadura de Somoza, y las que antes poblaban el paisaje político latinoamericano?
Cuando el poder judicial es utilizado para chantajear, amedrentar, reprimir y castigar, ¿qué diferencia hay con la dictadura de Somoza? Todavía hay quienes nos acordamos de los entonces llamados jueces verdugos, o la persecución política contra Pedro Joaquín Chamorro que el Secretario del partido de Somoza ejerció utilizando al poder judicial.
Cuando la Dirección de Ingresos se utiliza para investigar a los opositores, presionar a empresas e intimidar a las personas, ¿qué diferencia hay con otras dictaduras?
Cuando la Contraloría General de la República, y la Fiscalía, se utilizan para perseguir e intimidar, ¿es o no dictadura?
Los hechos, lamentablemente, me han dado la razón. Quisiéramos haber estado equivocados, por el bien de Nicaragua.
Los Cenis y la persecución política
No otra cosa que persecución política se puede llamar a la acusación penal contra 39 personas, por el caso de los Certificados Negociables de Inversión (CENIS).
Sobre el caso, siempre hemos dicho dos cosas: primero, que cualquier investigación y el establecimiento de responsabilidades penales, si las hubiera, debería cubrir tanto a los Cenis como a las fraudulentas quiebras de bancos que dieron origen a la emisión de esa deuda pública; segundo, que debería ser una investigación técnica, independiente y por tanto despolitizada.
Ninguna de las dos cosas ha ocurrido. En las quiebras bancarias que son el origen de la deuda pública que comentamos, estuvieron involucrados altos funcionarios del actual gobierno y del gobierno del ex presidente Alemán, socio de Ortega. Se entiende, entonces, aunque no se justifique, la renuencia a investigar esas quiebras fraudulentas.
Y la investigación realizada por la Fiscalía está claramente politizada. Los acusados han sido escogidos con pinzas, resultando muy obvio el interés político persecutorio en los casos de Eduardo Montealegre, candidato a alcalde de Managua, y Jaime Chamorro, Director de La Prensa.
Siempre hemos dicho que si hubo irregularidades en la emisión de los Cenis, deben ser claramente establecidas; y si hubo daño patrimonial al Estado, resarcido. Pero eso debe ser objeto de una investigación técnica, profesional, para lo cual debería pensarse en establecer una Comisión de personas profesionales y políticamente independientes, y no dejar el caso en manos de la reedición Orteguista de los jueces verdugos del Somocismo.
El acero de la guerra
El Presidente Ortega ha ofrecido a quienes nos oponemos a su autoritarismo el acero de la guerra.
No otra cosa puede esperarse de quien tiene, en el más puro fascismo, una concepción bélica de la vida y de la política.
Para un demócrata, que haya ideas y posiciones discrepantes, resulta natural, y la tolerancia frente a la discrepancia, la consecuencia lógica. Ortega en cambio no acepta la discrepancia, ni grande, ni chiquita.
Para un demócrata quien piensa diferente, o se opone, es un adversario, para Ortega, es un enemigo. Los adversarios se toleran, los enemigos se destruyen.
Es cierto que Ortega, citando a Darío, también ofreció el olivo de la paz. Pero a continuación empezó a definir su concepto de la reconciliación, la cual se redujo a que reconciliación es estar de acuerdo con él en todo.
Es decir, Ortega, como los monarcas absolutos que empezaron a desaparecer hace más de dos siglos, quiere súbditos, no ciudadanos. En esto, como en muchas otras cosas, Ortega se equivoca de diversas maneras. Primero, Nicaragua no es una monarquía, y menos absoluta; segundo, los nicaragüenses somos ciudadanos, y no sus súbditos. Tercero, miedo no le tenemos.
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